Muchas voces defienden que para hacer frente al cambio
climático hay que hacer más embalses. El argumento es convincente para buena
parte de la población. Históricamente los embalses han servido para almacenar
agua para abastecimiento y riego durante las estaciones secas y también para
regular avenidas (justo es decirlo en estos días de inundaciones). Por eso, los embalses siempre se han
declarado de interés general y la mayor parte de los costes se asumen con
fondos públicos. La realidad ha cambiado y desde hace unas décadas los
intereses privados priman sobre los generales, en una tendencia que no ha
dejado de crecer.
Hemos batido todos los records (1.200 grandes presas con
56.000 hm3). Hacer nuevos embalses, lejos de ser una solución, es una parte del
problema. Suponen un grave deterioro para los ríos, pero además ya no quedan
lugares apropiados para construirlos, no hay agua suficiente para llenarlos, la
mayoría de las concesiones son para grandes comunidades de regantes y se han
abierto las puertas para hacer negocio con el agua.
Ya no quedan lugares apropiados y seguros
para los grandes embalses.
Con la fiebre de poner puertas a los ríos, los mejores
lugares para hacer embalses ya fueron ocupados. Ahora casi todos los que se
están construyendo tienen problemas de seguridad, de filtraciones o de
salinidad, con incrementos considerables en los costes.
Un ejemplo cercano lo tenemos en el recrecimiento de Yesa,
con una presa que se apoya en laderas inestables y con importantes problemas de
seguridad. En un primer momento negaron rotundamente que hubiera problemas y,
cuando no han tenido más remedio de reconocerlo, han convertido la seguridad en
un negocio que se está tragando millones y multiplicando los costes que pagamos
entre todos. Esta es la lógica del capitalismo verde: seguir lucrándose
restaurando las heridas causadas a la naturaleza.
No siempre hay agua para llenar los
embalses.
Continuamos
con el embalse de Yesa recrecido. En 14 de los 26 años que disponemos de datos,
las aportaciones de los ríos Eska y Aragón son inferiores a las demandas
previstas. Los volúmenes asignados suman un total de 1.149 hm3/año: 917 hm3
para riego (Navarra y mayoría en Aragón), 94 hm3 para abastecimiento (Zaragoza)
y 138 hm3 para caudal ambiental. Lógicamente la CHE es consciente de la escasez
y en el Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021 rebajó los caudales ambientales de
314 hm3 a 138 hm3, pero aun así no alcanza. (Por supuesto que ni se les pasó
por la cabeza rebajar las previsiones de riego).
Pero algunos dirán que donde de verdad se justifican los
nuevos embalses es en los ríos sin regulación.
Analicemos este asunto que nos sirve para hacer la siguiente afirmación
El agua regulada va ligada a concesiones,
en su mayoría en manos privadas
Cojamos como ejemplo el rio Zaraitzu/Salazar, que
milagrosamente se ha salvado de que le hicieran una gran presa. Tiene una
aportación anual media de unos 290 hm3 y existe un anteproyecto de regulación
(en la actualidad en fase de estudio de viabilidad) que propone trasvasar,
desde Aspurz y por un túnel debajo de la sierra de Leire, 170 hm3/año al
embalse recrecido de Yesa.
Los ribereños de esos valles no lo van a permitir, pero si
se llegara a hacer dicha regulación ¿dispondríamos de más agua para adaptarnos
a un futuro con menos caudales? Para el conjunto de la población el problema se
agrava ya que nos dejaría con un río esquilmado y las aguas reguladas estarían
comprometidas para las concesiones de riego de Yesa. Si miramos la web de la
CHE comprobaremos que lo mismo pasa con los proyectos de embalses de Arraitz
(río Ultzama), Riomayor (río Ega). Las aguas que se regulen ya están
concedidas, en su mayor parte para regadíos de dudoso interés general.
Por eso, frente al cambio climático, la mejor alternativa es
mantener en buen estado nuestros ríos y acuíferos que son las reservas
comunitarias para el futuro. De acuerdo con la DMA, éste debería ser ahora el
interés general, en lugar de más embalses y regadíos.
Los embalses, una pieza clave en la
privatización del agua.
Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva clase: los
aguatenientes. Estamos hablando de grandes comunidades de regantes, en las que
las explotaciones familiares cada vez pintan menos, con enormes concesiones de
agua, difíciles de revertir. Estamos
hablando también de las grandes empresas, casi siempre vestidas de verde, que
ven en el agua una oportunidad de negocio y que han promovido los cambios que
se han dado en la legislación del agua.
La Ley de Aguas de 1985 califica las aguas como bien de
dominio público estatal, con amplias facultades de planificación y de
modificación de aprovechamientos, que raramente se han utilizado para revisar
concesiones. En 1999, después de un periodo de sequía, aprobaron la Ley
(46/1999) que flexibiliza, aunque con fuerte control público, el régimen
concesional mediante la figura del contrato de cesión de derechos. En
posteriores Decretos-Ley de Sequía se permitieron las cesiones intercuencas, y
prescindieron de las prioridades de uso. La Ley de Evaluación ambiental de 2013
consolida esos cambios, facilitando la compraventa de
agua pública entre usuarios situados en distintas demarcaciones hidrográficas.
El comercio de agua ya ha comenzado a través del trasvase Tajo Segura. Las
grandes empresas que negocian con el agua y las grandes comunidades de regantes
están tomando posiciones. (En Navarra Acciona, AGBAR-SUEZ, La Caixa ya están
presentes gracias al peaje en la sombra del Canal). Los nuevos embalses son
también una oportunidad de negocio, no sólo con el cemento (y la seguridad),
también con el agua.
Hacer frente al cambio climático exige un cambio profundo
del sistema concesional vigente para ampliar el control público y someter el
uso de la concesión al interés general, que hoy pasa por mantener el buen
estado de ríos y acuíferos, por la garantía del abastecimiento y también por
mantener unos regadíos que no hipotequen la gestión pública, sostenible y
participativa del agua.
URBIZI (red
en defensa de los ríos)
